El Gobierno de la Nación, terminada apenas la guerra del
Paraguay, se veía envuelto en la lucha civil promovida por la
rebelión de López Jordán, de manera que ni tenía
ocasión de pensar en un sistema definitivo de fronteras, ni
disponía de recursos y de ejércitos capaces de darle forma
práctica. Así lo expresaba el ministro Dr. D. Mariano Varela en
oficio de 25 de julio del mismo año, contestando a los ofrecimientos de
la Provincia. El ministro decía:
"En las actuales circunstancias, el país
está comprometido en una lucha de honor y de propia conservación,
que absorbe la actividad de los poderes públicos de la Nación y en
cuyo éxito se hallan interesados la moral, la justicia y los más
altos intereses del país. No es posible dedicar las tareas, ni los
elementos del gobierno por el momento, a una operación que, como la
traslación de la frontera, requiere preparación tan seria y
estudios previos tan importantes, si no se quiere exponer al país a ver
defraudadas sus esperanzas por la precipitación en la ejecución de
tan grande como difícil empresa. Para atender a ella es menester ante
todo concluir con la rebelión, y para reunir esta primordial necesidad,
el señor Presidente cuenta con el mismo patriotismo y cooperación
que V. E. le ofrece a fin de dejar despejado el camino para emprender en seguida
la grande obra de asegurar definitivamente nuestras fronteras."
Por esta misma época el senador Llerena volvía a
agitar la cuestión en la cámara de que formaba parte, provocando
un proyecto reglamentario de la ley de 1867, el cual fue suscrito por los
senadores Mitre, Victorica e Ibarra. Sancionado en el Senado no tuvo curso en la
otra cámara; pero la iniciativa dio por resultado importante asociar por
un acto parlamentario, la autorizada opinión y el importante concurso del
brigadier general D. Bartolomé Mitre a los partidarios de la línea
del río Negro.
