Contemporáneamente, fue dable observar un incremento gravoso de
la corrupción administrativa en las esferas gubernamentales y legislativas en
particular, mal de vieja data, si bien es cierto, siempre transmitible y
censurable, sin justificativo alguno, cualquiera fuere el signo político del
gobierno de turno.
Las actuales autoridades nacionales, provinciales y
municipales, provenientes de una circunstancial y discutida alianza política,
con significativas diferencias posicionales de orden institucional, transcurrido
un año de ejercicio en el gobierno, pese a sus promesas previas electorales,
profundamente difundidas, a la fecha no logran detener el incremento de las
deficiencias sociales y laborales heredadas de la Administración precedente. La
situación ocupacional se ha deteriorado en forma alarmante y con ella, agudizado
la inseguridad interna e incrementado los índices delictivos, a la vez que se
observa mayor ausencia y/o ineficiencia de justicia, con jueces discutidos e
incluso, varios supuestamente corrompidos en muchos de los niveles
jurisdiccionales en el ámbito general de todo el país.
Los funcionarios responsables en los entornos de las esferas
gubernamentales, hoy por hoy, se los observa carentes de programas, algunos de
idoneidad o experiencias, debatiéndose en imprevistos análisis, propuestas y
contrapuestas, orladas de incoherencias y desajustes, que decepcionan en formas
crecientes e incidentes, en especial, a las clases sociales media y bajas,
protagonistas mayoritarios dentro de la organización poblacional del país. Tales
observaciones son cada vez más evidentes. Desatenderlas, negarlas o bien no
testimoniarlas, demostraría hipocresía, desaprensión y, ciertamente,
inmoralidades cívicas, altamente peligrosas para las vivencias democráticas en
nuestra Nación.
