El silenciamiento de los fusiles y el cese de los asesinatos
políticos de uno y otro de los bandos en pugna, no significó el inicio de un
remanso de paz, pues si bien debe reconocerse al primer gobierno del partido
ARENA, encabezado por el Presidente Alfredo Cristiani, el haber aceptado e
impulsado el proceso de diálogo-negociación con la insurgencia, representada por
la dirigencia del FMLN, la continuación del gobierno en manos de la derecha y
las acciones emprendidas fueron prácticamente un retorno a la situación que
precedió a la guerra, debiendo además enfrentar las consecuencias de la
inserción del país en el modelo neoliberal y el proceso de globalización,
traducido de entrada en la devolución de la banca a sus antiguos dueños, ya
saneada con el dinero de los contribuyentes; la privatización de las empresas
estatales y el consecuente encarecimiento de bienes y servicios; el
estrangulamiento del sector agropecuario, con dedicatoria especial a los
beneficiarios de la limitación en la tenencia de la tierra; el incremento de la
deuda externa o "eterna" y la sucesiva reconstitución del autoritarismo.
Como resultado inmediato de los Acuerdos se posibilitó la
reestructuración de algunos aspectos institucionales, tal es el caso del
confinamiento de la fuerza armada en sus cuarteles, al no existir por el momento
condiciones para reprimir abiertamente a los salvadoreños, asignándosele un
nuevo rol bajo el esquema de represión internacional globalizada, liderado por
el gobierno de los Estados Unidos, por ahora en Irak; se creó la Policía
Nacional Civil, con la función esencial de proporcionar la seguridad que todo
Estado de derecho debe garantizar a la sociedad; una Corte suprema de Justicia
configurada bajo nuevos criterios y procedimientos, cuya actuación a la fecha
deja mucho que desear; una Procuraduría dedicada a salvaguardar los derechos
humanos ?a la que no le han faltado detractores empeñados en desacreditarla? y
una relativa apertura en materia de libertad de expresión. A ello podría
agregarse la entrada al juego político de las fuerzas de izquierda en la
Asamblea Legislativa y su control progresivo de importantes gobiernos
locales.
Así las cosas, concluída oficialmente la vigencia de los
Acuerdos, tres períodos de gobierno del partido ARENA y la asunción de otro
quinquenio, cabe preguntarse:
¿Han mejorado las condiciones de vida de los salvadoreños?
¿Han disminuido los niveles de pobreza, tras el lanzamiento de
consignas como: "trabajar por los más pobres de los pobres", "cambiar para
mejorar" y otros eslogans por el estilo?
¿Cuenta la población con más y mejores oportunidades de empleo,
un clima de seguridad, asistencia y demás condiciones necesarias para su
bienestar?
¿Tiene ahora vigencia la tantas veces proclamada, pronta y
cumplida justicia?
¿Existe un efectivo respeto por los derechos humanos?
¿Se ha erradicado la impunidad, la corrupción y demás lacras
del aparato estatal?