Para ello, nos apoyamos en la evidencia empírica de los datos
obtenidos, que nos muestran el costo social de la prisión y la operación e
instrumentación de sus programas y sus escasos logros. Dichos datos nos permiten
afirmar que la prisión mediante su programa de readaptación social, finalmente
no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica y lo más grave, que no
propicia la reparación del daño causado a las víctimas ni a la sociedad. Además
mediante el despliegue de la información obtenida, podemos observar los efectos
del abuso de la prisión preventiva por parte del Estado, así como el crecimiento
de la población y el fortalecimiento de una economía subterránea estructurada en
complejas redes de impunidad que regulan la vida cotidiana de la prisión.
Otro aspecto que subrayamos en esta sección es el ocultamiento
de las acciones de control y castigo de la sociedad, que se desdoblan en la
prisión, tras un velo protector de los derechos del hombre cuya función es
encubrir la existencia de una crisis que no sólo obedece al sistema
penitenciario en sí mismo, sino que es la expresión de la crisis del propio
derecho penal, el cual constantemente es cuestionado, como efecto de las
recurrentes crisis económicas por las que atraviesa la misma sociedad.
Posteriormente, planteamos que tanto el crecimiento de la
población en las prisiones, como resultado de la tipificación y clasificación de
un sin fin de acciones catalogadas como comportamientos delictivos, no sólo son
el efecto de esta crisis del Derecho Penal y la condición económica del país,
por el contrario, tras de esta acción, se encuentra una compleja red de patrones
de conducta, valores, creencias y representaciones sociales e imágenes
construidas de una acción catalogada como el delito que remite a un grupo de
sujetos con características sociales particulares.
Dicha percepción, aunada a la incapacidad por parte del Estado
para crear una política pública de prevención, ha provocando que el discurso en
torno al comportamiento violento que desencadena la acción del delinquir
continúe privilegiando una visión desde la biología, que insiste en buscar las
causas de ciertas manifestaciones de acción del sujeto en factores estrictamente
individuales e incluso no se ha dudado en afirmar que las razones de tales
comportamientos son innatos, dejando de lado los efectos causados por las
condiciones materiales, culturales y sociales que favorecen la comisión del
delito para sobreponer aquella idea que admite que el comportamiento delictivo o
criminal tiene su base de funcionamiento en la naturaleza animal, y se impone a
la condición social del hombre. Se trata de un conjunto de conocimientos
profesionalizados que buscan legitimar nuevas formas y dispositivos de control y
de castigo mediante la construcción de los criterios de clasificación basados en
una supuesta peligrosidad. Así, lo que subyace tras estos criterios aplicados
por los técnicos penitenciarios, es aquella idea que sostiene que toda acción
catalogada como delictiva tiene su raíz en la enfermedad individual y en
consecuencia el sujeto deberá ser curado mediante un tratamiento de
rehabilitación.
