EL
PAGO DE
"VACUNA"
En el marco de la
generalizada percepción de inseguridad aparecen organizaciones que operan al
margen de los mecanismos legales con la promesa de garantizar la seguridad de
automóviles. (Romero Salazar et al, 1999).
En principio funcionaban como
asociaciones civiles que afiliaban a personas interesadas en resguardar sus
vehículos; cobrando cuota de inscripción y mensualidades. Pero después la
adscripción la hicieron masiva mediante la extorsión, forzando a los
propietarios a pagar por la recuperación del auto que la propia organización
roba.
Sobre los vidrios de los
vehículos imponen un sello adherible que advierte su "protección". La idea es
que la calcomanía actúe como un disuasivo de la acción de los delincuentes.
(Romero Salazar y Parra, 2005).
En caso de que ello no
suceda, el procedimiento de "rescate" se concreta con la negociación con la
banda que está en posesión del vehículo "protegido" (cuando no ha sido la misma
organización cobra-vacuna que lo ha robado). Si no hay acuerdo o se trata de
otra organización de la competencia, se actúa violentamente mediante mutilación
o asesinato de los implicados.
Los propietarios que no están
en condiciones de costear la afiliación quedan totalmente a merced de los
extorsionadores; produciéndose la diferenciación entre "protegidos" y "no
protegidos". Así, la vacuna profundiza la fragmentación social y no sólo afecta
a las personas que son obligadas a pagar, sino también a las que se niegan a
hacerlo, abandonadas por los cuerpos policiales, quedando con la permanente
amenaza de agresión por parte de las organizaciones.
En todo caso, la satisfacción
que pueden mostrar algunos afiliados en relación a la protección de sus
vehículos, no reduce la gravedad de la existencia de mafias que actúan
arbitrariamente, al margen de toda regulación estatal y cuyo éxito quizá se deba
a la participación de agentes policiales en el negocio. Se trata de un mecanismo
de reproducción de violencia y de negación absoluta de los derechos humanos.
