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EL CIERRE DE LOS ESPACIOS RESIDENCIALES El amurallamiento constituye una tendencia que se ha venido desarrollando en los últimos años. Algunos autores se aproximan al tema vinculando las políticas de ajuste económico, el incremento delictivo y la reacción de los sectores medios y altos de emigrar a las urbanizaciones cerradas y a los ?countries?. Otros expresan hipótesis sobre el impacto de la crisis sobre la estructura espacial en Venezuela. Entre otras consecuencias, anotan las que resultan del problema del desmantelamiento de los aparatos de seguridad y del aumento de la delincuencia, como de la privatización de espacios públicos (calles, avenidas, parques, centros comerciales). Se trata de una modalidad de refugio que hace que los vecinos se sientan seguros; pues el amurallamiento restringe las posibilidades de acción de los delincuentes. Pero lo relevante es que tiende a la des-democratización de la ciudad porque la construcción de ?villas? cada vez más exclusivas y el cierre de algunas antiguas urbanizaciones genera aislamiento, propiciando la segregación y la exclusión socio-espacial de los grupos más precarios; aunque los sectores medios y altos no sean los culpables en tanto su encierro constituye una respuesta adaptativa ante la ineficiencia del Estado. LA CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA INFORMAL En este caso no se trata del establecimiento de un convenio entre una empresa prestadora del servicio (autorizada por el Estado) y cualquier individualidad o grupo que intenta proteger intereses estrictamente económicos. Se trata de un proceso que va más allá de la policía privada, que actúa generalmente como policía del capital. El asunto consiste en la contratación de un vigilante o celador que recibe el nombre de guachimán. En la base de esta iniciativa está el sentimiento de inseguridad de los vecinos (la mayoría de las veces de un conjunto residencial cerrado) que, a través de los administradores de sus asociaciones, pagan los servicios. El propósito de la contratación del guachimán no es más que reducir el riesgo de los atentados contra la vida y el aseguramiento de algunos bienes dentro de los cuales los vehículos son emblemáticos. La percepción generalizada de los vecinos es que el guachimán produce una reducción de delitos. Tal vez sea cierto que la ventaja de un equipo de radio y de la muralla le permita impedir la acción de los delincuentes. Aunque hayan tenido que agregar una nueva partida al presupuesto familiar (gastos de seguridad) los sectores de clase media se sienten satisfechos con el trabajo de los vigilantes informales. Es que su presencia tiene un efecto disuasivo, que se concreta en la reducción de las acciones delictivas. Constituye una RESPUESTA a la ineficiencia del Estado en la materia y a la situación de impunidad que ella crea. El problema es que los administradores de los condominios actúan como patronos, fijando funciones, estableciendo procedimientos y asignando tareas muchas veces al margen de cualquier disposición legal, reglamento u ordenanza. Lo cual favorece la arbitraria acción de los guachimanes ajustada a la interpretación de los criterios de peligrosidad señalados ?en base a prejuicios? por sus jefes, quienes señalan el tipo de personas cuya circulación debe ser negada y el modo en el que deben ser tratadas. Si a ello se le agrega la escasa preparación ?sobre todo psicológica? para el empleo de las armas (que portan casi siempre de manera ilegal), se configura un ambiente propicio para la permanente violación de los derechos humanos. |
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