El tribunal reemplazaba la guerra como un modo más
sensato de lucha. Por cierto, los clanes en disputa a menudo apelaban la
decisión cuando cambiaba el funcionario de campo: como en la guerra, solo
se retiraban para volver a luchar. Las virtudes de este procedimiento
rápido y flexible quedaron subrayadas cuando, en la década de
1960, los australianos cometieron el error de formalizarlo, con lo cual se
volvió lento, fue que muchos clanes renunciaron al sistema judicial y
volvieron a la guerra.
Sin embargo, el proceso jurídico no siempre exige la
intervención del Estado; para ponerlo en marcha basta el consentimiento
de las partes. Ellas pueden acordar de antemano que aceptarán la
decisión vinculante de un tercero que ha sido objeto de una
selección compartida, en el que se confía, y ante quien se expone
el caso. Esta forma privada de proceso judicial, denominada arbitraje, esta
ampliamente difundida en el ámbito de las disputas comerciales, tanto
domésticas como internacionales, y también en el área de
las quejas laborales. Por cierto el 95 % de los contratos colectivos de los
Estado Unidos prevén el arbitraje para resolver las quejas laborales. El
arbitraje puede también utilizarse para poner fin a la guerra.
Promover la justicia
La paz no es la única meta del experto en
negociación; también lo es la justicia. En toda
intervención hay un mensaje a la comunidad sobre lo que es correcto e
incorrecto.
Los padres tienen también la oportunidad de reafirmar
los principios de la equidad cuando arbitran sobre sus hijos.
En el nivel social, un tribunal puede utilizar sus sentencias
para establecer principios esenciales que salvaguarden los derechos de las
minorías, protejan el ambiente y mejoren la seguridad en los lugares de
trabajo.
