Esta definición, en sí misma, no nos da muchas pistas sobre el
elemento en el que vamos a trabajar, pero ya atisba algunos rasgos de lo que
luego se convertirán en potenciales problemas.
En primer lugar, habla de "Organización ordenada", pero
¿realmente es una organización? ¿Alguien la está organizando? ¿Hay personas
pensando en ordenarla o funciona por inercia? Si realmente tiene algún orden,
¿es posible cambiarlo? Las respuestas a estas preguntas pueden parecer obvias,
sin embargo más adelante entraremos a analizarlas en mayor profundidad y tal vez
nos demos cuenta de que nuestra Administración no es una Organización, o que
siéndolo, diste mucho de estar ordenada. Tampoco cabe dudar que esta es una
cuestión que preocupa a quienes ejercen tareas directivas, y fruto de ello
encontramos organismos como el Ministerio de Administraciones Públicas u otros
análogos dentro de cada institución han ido surgiendo con el fin de coordinar y
sistematizar las funciones de los distintos servicios públicos.
En segundo lugar se habla de "gestión de servicios" y
"ejecución de leyes", lo cual nos va a llevar a formularnos una retahíla de
preguntas sobre qué es realmente esto. Se supone que la Administración, como
tal, tiene perfecto conocimiento de los servicios que ha de gestionar, ¿pero lo
tienen igual de claro sus integrantes, es decir, los funcionarios que la
componen? ¿Saben cuáles son las leyes a ejecutar y cómo han de hacerlo, o se
limitan a escuchar disciplinadamente lo que diga el jefe, sin el más mínimo
atisbo de postura crítica? Y sus directivos, ¿tienen el criterio suficiente para
manejarse con eficiencia y eficacia en la Administración? ¿Y los conocimientos?
Nuevamente son cuestiones que iremos tratando de desgranar a lo largo del libro,
o lo que puede ser peor, cuya respuesta no podremos dar.