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Como no podía ser menos, el libro aborda la impresionante secuencia de escándalos de corrupción que ha dejado espantada a la ciudadanía del Brasil e incluso a la ciudadanía latinoamericana dadas sus implicaciones en el resto del subcontinente. En el eje del huracán político institucional está el sistema de financiamiento de partidos, mientras que el eje del cuestionamiento ético de las izquierdas se centra en el Partido de los Trabajadores. Desde el Mensalão, red de desvío de dinero público que garantizaba que varios diputados votaran según la orientación establecida por el gobierno federal, hasta la Operación Lava Jato –según los autores, “símbolo de la corrupción en Brasil entre el sistema privado y el público”–, el partido de masas más importante de Latinoamérica como organización política está desacreditado y el pacto social derivado de la Constitución de 1988 quedó en la picota.
Entre 1993 y 1997 Brasil vive un momento de refundación de sistema de financiamiento de sus partidos políticos, materializándose mediante la aprobación de la Ley de Partidos Políticos de 1995 y la nueva Ley Electoral de 1997. A partir de ahí se determinaría que sus fuentes de financiamiento pasaban a ser prácticamente ilimitadas, se permitirían las donaciones de empresas y apenas existirían techos para las donaciones y gastos. Lo anterior permitió, como se recoge en el libro, que el líder del Movimiento Sin Tierra (MST) Joao Pedro Stedile denunciara que la representación política brasileña está secuestrada por el capital, pues en la práctica las diez mayores empresas del país eligieron al 70% del Legislativo. En las últimas elecciones presidenciales del 2014 más del 80% de las donaciones a los principales contiendes de la campaña provenían de estas mismas empresas. Fruto de lo anterior y como consecuencia de la presión social derivada de la Operación Lava Jato, la Corte Suprema de Brasil decidió prohibir en septiembre del 2015 la financiación de campañas electorales y partidos por parte de empresas, corazón del mega-escándalo de corrupción en la estatal Petrobras y en la red de constructoras privadas encabezadas por Odebrecht. Las elecciones municipales realizadas en octubre del 2016, donde el PT sufrió su mayor debacle electoral en veinte años perdiendo 374 alcaldías, fueron las primeras en las cuales se aplicaron dichas restricciones. En todo caso, en Brasil se mantienen serias dudas sobre la capacidad del sistema de fiscalización que permitiría garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas.
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Consiga Brasil: fracaso del lulismo y emergencia de alternativas de Jorge Lora Cam y Waldo Lao Fuentes en esta página.
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